Pronunciamiento RENAMA: Arlette y Adriano. ¿Quedará en un reportaje de televisión nacional solamente?

21 julio, 2015 No hay comentarios »

Arlette y Adriano. ¿Quedará en un reportaje de televisión nacional solamente?

La RENAMA, Red Nacional de Mujeres Autoridades que presido aún hasta agosto de este año en que se realizarán las elecciones en Arequipa para una nueva Junta Directiva, exige se acabe la impunidad y la corrupción en los innumerables casos de violencia hacia las mujeres.

Acabar con esta constante es indispensable para contrarrestar la tolerancia a este flagelo social y evitar que estos hechos, en escalada, terminen en casos de feminicidio. Si bien es cierto, cuando situaciones de violencia como la atravesada por la joven Arlette salen a la luz, conmueven a la opinión pública, la inacción de las autoridades envía un mensaje perverso que no sólo perjudica a la directamente afectada sino a todas las mujeres que se atreven a denunciar los hechos, en búsqueda de la protección estatal.

Arlette, joven abogada de 25 años, fue víctima de múltiples agresiones e intento de feminicidio, por su pareja de 24 años. Parte de los graves hechos fueron registrados por las cámaras de vigilancia del Hotel las Terrazas en Huamanga, Ayacucho el domingo 11 de julio.

La agraviada denunció los hechos el mismo día, y aunque las pruebas de la agresión eran irrefutables, las autoridades no reaccionaron en el marco de ley dejando en libertad al agresor. Esto coincide con miles de denuncias que diariamente no son atendidas adecuadamente por las autoridades, obstruyendo con ello el derecho de las mujeres a acceder a la justicia.

Tal como sucede en muchos otros casos, la justificación a la conducta criminal del agresor no se dejó esperar, apelando para ello a prejuicios, estereotipos de género culpabilizandola de la agresión sufrida y deslegitimandola.

Ya el Comité de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la Mujer – CEDAW, en el 2014 recomendó al Estado Peruano tomar medidas para erradicar los estereotipos de género de los funcionarios y operadores de servicios y justicia, pues ello obstaculiza la búsqueda de justicia y perpetúa la impunidad.

Este discurso contrario a los derechos de las mujeres, y que además reproduce imaginarios de poder y machistas, fue expresado públicamente por el padre del agresor, quién es,además una autoridad elegida, regidor Provincial de Humanga por el partido Alianza para el Progreso. Es inadmisible que una autoridad provincial justifique los hechos y con ello obstruya el proceso judicial al que debe someterse el agresor, quien además es reincidente, pues tiene una denuncia previa por hechos similares. Sus manifestaciones solo evidencian la indolencia de una sociedad que mediante la tolerancia y la indiferencia, reproduce patrones de discriminación y poder que exponen a diario a miles de mujeres a la violencia.

Es importante recordar que en los últimos seis años, la Fiscalía procesó 900 mil denuncias por violencia familiar, en su mayoría contra mujeres jóvenes. ¿Los agresores? Sus parejas o ex parejas.

Durante el 2014, el Ministerio de la Mujer, ha reportado 96 feminicidios y 186 tentativas de este crimen. Así mismo, entre enero y junio de este año ya se cuentan 45 crímenes de género contra las mujeres y 87 tentativas.

El MIMP sostiene que el 60% de los agresores en casos de feminicidios están libres o prófugos. Este mismo registro señala que solo 99 de los agresores se encuentra detenido.

Tanto el Ministerio Público como el Ministerio de la Mujer, coinciden en reportar la enorme impunidad frente a estos crímenes. ¿Cuáles son las razones? Desconocimiento y poca sensibilización de los operadores de justicia sobre la violencia de género, una alta tolerancia a la violencia y el machismo instalado en el sistema de justicia que hace que muchos de ellos justifiquen las agresiones, basándose en estereotipos de género.

De otro lado, la ausencia de una ley contra la violencia hacia las mujeres, impacta en que los fiscales denuncian los hechos solo como lesiones leves o graves, terminando los procesos – muchas veces – solo en un trámite civil, sin una adecuada sanción ni tipificados como lo que muchas veces son: tentativas de feminicidio.

El caso de Arlette es sólo un ejemplo de como el camino hacia la justicia está plagado de barreras sociales, culturales, económicas, de tiempo y de discriminación. Esto hace que la ruta sea larga y dolorosa para las mujeres que en un acto de valentía denuncian los hechos.

Cabe destacar que según la encuesta la ENDES 2014, solo el 24 % de mujeres denuncian, cifra que ha disminuido si la comparamos con la del año pasado. Una de las razones por las que las mujeres desisten en la búsqueda de ayuda en entidades estatales, es la percepción de que “No va a pasar nada”.

Aunque muchas mujeres en situación de violencia desisten de las denuncias y son criticadas por ello, el Estado debe evaluar las razones, pues efectivamente las víctimas se ven expuestas a la estigmatización, a años de espera, a la exposición de nuevas agresiones, sin que accedan a la justicia. Evidentemente en este contexto y sin una adecuada respuesta del nivel estatal, la denuncia es vista como un trámite tortuoso y sin un impacto real y positivo sobre la vida de las afectadas.

Por todo lo expuesto, La RENAMA exige una legislación actualizada que se ponga al nivel de las leyes de Brasil y de otros países sobre violencia de género, sin que ello implique la derogación de la Ley de Violencia Familiar. Adicionalmente, se debe invertir sustantivamente en una mejora en la calidad de atención en los Centros de Emergencia Mujer y las Comisarías, así como en acciones sostenidas de prevención.

El compromiso de formar operadores de justicia (policías, fiscales, jueces) en violencia de género es imperioso ya que lo hecho hasta ahora es insuficiente. Los mecanismos de denuncia inmediata deben ser accesibles a todas las mujeres, en nuestras diferentes lenguas, en todos los territorios. Los sistemas de protección de víctimas deben estar operativos en todos los distritos del país como Casas de Acogida; igualmente, las Cámaras de Gesell para las declaraciones fiscales y judiciales deben de habilitarse en todas las dependencias del Ministerio Público y Poder Judicial que vean estos casos; las medidas de restricción tienen que ser eficaces.

Si no existen presupuestos para estas políticas, el Estado incumple su deber de prevenir y se hace responsable internacionalmente. El Perú tiene la obligación de cumplir con los establecido en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda forma de Violencia hacia la Mujer ( Belem do Para – 1994) de la cual es signatario; y garantizar así el derecho de nosotras las mujeres a una vida libre de violencia.

20 de julio del 2015

Susana Villarán

Presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades

Silvia Uscamaita

Vice Presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades

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